La supresión del Impuesto de sucesiones en Canarias.
Canarias el pasado 4 de Septiembre de 2.023 y la Comunidad Valenciana han decidido marcar un hito en su política fiscal al suprimir el Impuesto de Sucesiones, uniéndose a comunidades como Madrid, Murcia y Andalucía en este movimiento.
Este impuesto, que ha sido tradicionalmente un punto de inflexión en las discusiones fiscales de España, grava la transmisión de bienes y derechos por medio de herencias y donaciones. Si bien cada Comunidad Autónoma tiene potestad para fijar sus propias tasas y exenciones, la eliminación total de este gravamen en dos regiones más del país abre un debate nacional sobre su necesidad, uniformidad y efecto en el atractivo económico de las regiones.
La motivación detrás de esta medida, en gran medida, radica en el deseo de potenciar el crecimiento económico local. Al suprimir este impuesto, Canarias busca incentivar a personas con activos relevantes a establecer su residencia en sus territorios, a la vez que se convierten en zonas más atractivas para nuevas inversiones y empresas.
Sin embargo, la creciente tendencia a la eliminación de este impuesto en diversas Comunidades Autónomas pone sobre la mesa el debate sobre la armonización fiscal en España. ¿Genera esta diversidad una competencia desleal entre regiones o es una manifestación válida de la autonomía regional? El tiempo y el análisis profundo de los efectos de estas decisiones nos darán respuestas más claras.
Implicaciones de la Supresión del Impuesto de Sucesiones en el Sector Autónomo y las pequeñas empresas.
La supresión del Impuesto de Sucesiones en Canarias trae consigo una serie de ventajas que son especialmente relevantes para el sector autónomo y las microempresas. Este cambio fiscal no es solo una declaración de intenciones sobre el futuro económico de Canarias, sino que tiene ramificaciones concretas en el ecosistema empresarial.
Beneficios:
En primer lugar, la planificación de la sucesión empresarial se ve positivamente impactada.
Los autónomos y pequeños empresarios, quienes frecuentemente encaran desafíos para transmitir sus negocios a generaciones futuras, encontrarán en esta medida un estímulo para asegurar la continuidad de sus empresas.
Sin la sombra del gravamen, las transacciones familiares se simplifican, lo que potencialmente refuerza el tejido empresarial local al asegurar que la rica tradición de negocios familiares persista y florezca.
Teniendo en cuenta la importancia en el territorio de La Gomera, de la empresa familiar, esta noticia cobra mayor relevancia si cabe.
En cuanto a la atracción de nuevos talentos y emprendedores, las comunidades se posicionan como destinos favorables para la inversión.
Emprendedores y startups pueden ahora considerar a Canarias como lugares donde el lanzamiento y desarrollo de sus negocios implica menos preocupaciones fiscales en el horizonte, particularmente cuando se considera la sucesión y transmisión de la empresa. Factor básico cuando hablamos de startups.
En suma, la supresión del Impuesto de Sucesiones es un paso que no solo alinea a Canarias con una tendencia nacional, sino que posiciona a los autónomos y microempresas en un escenario optimista de crecimiento y estabilidad.
Aspectos negativos
Y si bien existen argumentos a favor, como el impulso al sector autónomo y las microempresas, no se pueden ignorar ciertas repercusiones que, aunque no directamente palpables de inmediato, podrían tener un impacto significativo a largo plazo.
Una preocupación central es la inequidad fiscal.
Al eliminar un impuesto que afecta principalmente a las grandes herencias y fortunas, se crea un desbalance en el sistema tributario.
Las personas con menos recursos podrían percibir esta medida como una ventaja injusta para los más ricos, mientras que ellos siguen enfrentándose a otros impuestos y cargas fiscales.
Esta percepción puede desencadenar una creciente desconfianza en el sistema y cuestionamientos sobre la equidad del reparto fiscal. En un sistema donde la carga impositiva es excesivamente grande.
Adicionalmente, las administraciones autonómicas podrían enfrentar una disminución en sus ingresos fiscales.
Los recursos generados por este impuesto para la administración deberán ser sustituidos por otra vía de ingresos.
La pregunta inevitable es: ¿cómo se compensará este vacío? ¿Lo pagaremos los de siempre? Si los servicios como educación, atención médica o infraestructura se ven comprometidos, no sólo afectaría a los autónomos, sino que impactaría a la sociedad en su conjunto.
Y si la solución prevista es un mayor incremento de la deuda, ahí sí, hablaríamos de una gran desventaja.
Contexto fiscal actual para el emprendedor
El emprendedor en España se encuentra atravesando un momento de profunda asfixia financiera debido a una carga impositiva que, para muchos, roza lo insostenible.
Estos empresarios y autónomos, pilares fundamentales de la economía y generadores de empleo, ven comprometida su capacidad de crecer, innovar y, en ocasiones, incluso de subsistir.
Si trasladásemos esta pesada carga directamente al ciudadano común, ¿cómo reaccionaría la sociedad?
Es probable que surgieran voces de alarma ante la injusticia de tal gravamen. Imaginemos por un momento un escenario alternativo en el que el autónomo pagara el salario integro a sus trabajadores sin tener que pagar a hacienda ni a la seguridad social por dicho trabajador.
El trabajador recibiría por ejemplo 2000 euros mensuales que es el coste medio de un trabajador para una microempresa. Y que después llegara hacienda a casa de ese trabajador y le quitara una cuantiosa cantidad viendo el trabajador como le quedan unos 1100 euros.
Ahí entendería, las quejas de todos esos emprendedores que no pueden soportar tanta carga impositiva que les dificulta en muchos casos la contratación.
La reflexión invita a cuestionar el equilibrio de nuestro sistema fiscal y a valorar el esfuerzo y sacrificio de aquellos que, con su empeño y tenacidad, buscan generar riqueza y bienestar para la comunidad.
Conclusiones
En resumen, la eliminación del Impuesto de Sucesiones en Canarias es un hito en la política fiscal de estas comunidades, pero conlleva tanto oportunidades como retos.
La balanza entre incentivar la economía y mantener la justicia fiscal será el tema de debate en los próximos años. Las decisiones que se tomen al respecto serán cruciales para determinar el futuro socioeconómico de estas regiones y, posiblemente, del país en su totalidad.
La realidad económica y laboral actual demanda una revisión urgente del sistema impositivo.
Es imperativo que se alivie esta presión fiscal a la pequeña empresa para garantizar un entorno empresarial más justo y competitivo.
En este contexto, la reciente eliminación del Impuesto de Sucesiones parece apuntar hacia una dirección esperanzadora. Si este paso se complementa con otras medidas de alivio fiscal, como la eventual eliminación o reducción del Impuesto de Sociedades, podríamos estar ante el inicio de una transformación profunda y necesaria en el panorama fiscal español, donde la equidad y el apoyo a la iniciativa empresarial sean las verdaderas protagonistas.
